Autor: José Antonio Muñoz Villarreal
Revista: Boletín RC y Seguro, n.º 146 – 15 diciembre 2022
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual introduce un conjunto de obligaciones y medidas con un impacto directo y relevante en el ámbito del seguro, la responsabilidad civil y el cumplimiento normativo empresarial. La norma afecta, entre otros, a la Responsabilidad Patrimonial del Estado —arts. 13 a 16— en los supuestos en que las Administraciones Públicas, los organismos públicos y los órganos constitucionales no promuevan las condiciones de trabajo que eviten las conductas atentatorias contra la libertad sexual y la integridad moral, e instaura en su artículo 18 la denominada responsabilidad institucional en relación con la detección de las violencias sexuales.
En el ámbito empresarial, la norma estipula derechos para las víctimas y obligaciones específicas para las empresas en materia de prevención y sensibilización en el ámbito laboral —art. 12—, cuyo incumplimiento habrá de tenerse muy en cuenta por los directivos en el marco de sus pólizas de D&O. A ello se añade que el artículo 53 fija el contenido mínimo de la indemnización en la responsabilidad civil ex delicto, que comprende, entre otros conceptos, el daño físico y psicológico, el daño moral, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y el daño al proyecto de vida. Por último, la norma modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la revocación de la renuncia a la acción civil cuando las consecuencias del delito sean más graves de las previstas, e incorpora este tipo de delitos al ámbito del artículo 31 bis del Código Penal, con las consiguientes implicaciones en materia de cumplimiento normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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