Autor: José Antonio Muñoz Villarreal
Revista: Boletín RC y Seguro, n.º 146 – 15 diciembre 2022
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual introduce un conjunto de obligaciones y medidas con impacto directo en el ámbito del seguro, la responsabilidad civil y el cumplimiento normativo empresarial.
La ley de libertad sexual afecta, entre otros, a la Responsabilidad Patrimonial del Estado —arts. 13 a 16— cuando las Administraciones Públicas, los organismos públicos y los órganos constitucionales no promuevan condiciones de trabajo que eviten las conductas atentatorias contra la libertad sexual y la integridad moral. Su artículo 18 instaura además la denominada responsabilidad institucional en relación con la detección de las violencias sexuales.
En el ámbito empresarial, la ley de libertad sexual estipula derechos para las víctimas y obligaciones específicas para las empresas en materia de prevención y sensibilización laboral —art. 12—. Su incumplimiento habrá de tenerse muy en cuenta por los directivos en el marco de sus pólizas de D&O.
El artículo 53 fija el contenido mínimo de la indemnización en la responsabilidad civil ex delicto, que comprende el daño físico y psicológico, el daño moral, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y el daño al proyecto de vida.
Por último, la norma modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la revocación de la renuncia a la acción civil cuando las consecuencias del delito sean más graves de las previstas. Incorpora además este tipo de delitos al ámbito del artículo 31 bis del Código Penal, con las consiguientes implicaciones en materia de cumplimiento normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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