Autor: Alberto Muñoz Villarreal
Revista: INESE
La reforma de la Ley Concursal llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, conllevó la obligatoriedad, para los administradores concursales, de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil —o garantía equivalente— desde el 1 de enero de 2012, obligación que sería desarrollada posteriormente mediante el Real Decreto 1333/2012, de 21 de noviembre. Con anterioridad a dicha reforma, los administradores concursales venían cubriendo su responsabilidad a través de los seguros de RC profesional propios de su condición de abogados, economistas o auditores, lo que planteó diversas dudas en cuanto a la necesidad de cobertura específica por concurso, la extensión del aseguramiento y la suficiencia de las pólizas tradicionales de RC profesional.
La reforma concursal de 2022 incorporó nuevas figuras al procedimiento —en particular los Expertos en reestructuraciones, de obligatorio nombramiento en determinados supuestos— que asumen igualmente obligación de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, pero respecto de los cuales no existe desarrollo reglamentario que precise las características de dicha cobertura. A ello se añade que el proyecto de reglamento de la Administración Concursal de octubre de 2023 no resuelve esta laguna, ni tampoco la ausencia de seguro obligatorio para el auxiliar delegado, que comparte el mismo régimen de responsabilidad que la administración concursal. En el presente artículo, el autor analiza el estado actual de estas obligaciones de aseguramiento y sus implicaciones prácticas para un colectivo que, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo 556/2022, de 11 de mayo, está siendo objeto de un número creciente de reclamaciones.
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